Tragsa se hará cargo de un programa de reparación de infraestructuras

Las explotaciones agrarias que hayan sufrido daños por la reciente DANA podrán beneficiarse de ayudas directas por valor de 200 millones de euros, que se unen a una nueva línea de créditos y un programa para reparar infraestructuras.

Así lo ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia después de que el Consejo de Ministros haya aprobado más de un centenar de medidas adicionales con una inversión de 3.765 millones y que se suman a las adoptadas la semana pasada, hasta un total de casi 41.400 millones de euros.

Sánchez ha alabado la labor de los agricultores que han acudido a ayudar a los habitantes de las localidades afectadas por el temporal y ha destacado que “el campo ha sufrido muchos daños y muy severos”, por lo que hace falta “ayudarles con la misma determinación con la que se han volcado con los vecinos”.

Para contribuir a la reconstrucción del sector agrario, el jefe del Ejecutivo central ha afirmado que han aprobado una nueva línea de ayudas directas por 200 millones de euros para explotaciones que hayan sufrido daños que les impidan realizar la siguiente campaña con normalidad o tengan pérdidas de su potencial productivo superiores al 40%.

También se ha creado una nueva línea de créditos del Instituto de Crédito Oficial, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (ICO-MAPA-Saeca) por 60 millones de euros.

El Consejo de Ministros ha aprobado también un programa de reparación de infraestructuras como caminos, bancales y regadíos con 175 millones de euros, el cual será ejecutado por la empresa pública Tragsa.

Este tipo de medidas están encaminadas a “recuperar la producción de alimentos cuanto antes y evitar el abandono de la actividad agrícola”, especialmente de aquellas pequeñas explotaciones ubicadas en la periferia de las zonas urbanas, ha asegurado Sánchez.

Con los dos paquetes de ayudas aprobados hasta el momento, el Gobierno pretende reforzar el escudo social y ayudar al tejido productivo de las zonas afectadas, así como avanzar hacia la segunda fase del plan de reconstrucción.