Según Mapama, la mayoría de las explotaciones de caprino tienen beneficios desde 2016

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) ha asegurado que "la mayoría" de las explotaciones de caprino de leche han registrado beneficios desde 2016 debido "fundamentalmente" al incremento de los ingresos por las ventas.
El Departamento ha contestado así a las dos preguntas que registró en el Congreso el diputado socialista Miguel Ángel Heredia para que el Gobierno aclarase la evolución de los precios en este sector primario.
El Gobierno incide en que los beneficios registrados se obtienen, tanto si se tienen en cuenta como si no los pagos de la Política Agrícola Común, pese a que los precios de la leche hayan estado en niveles inferiores a los de los anteriores ejercicios.
También ha contribuido a esta situación el descenso de los costes de producción, principalmente la disminución de costes de alimentación del ganado, ha detallado el Mapama.
El Departamento incide, no obstante, en que en el caprino de leche se producen situaciones cíclicas, alternándose periodos de buenos niveles de precios con otros de peores precios, como ya sucedió en 2009 y 2014.
En la respuesta, el Gobierno recuerda que los "escasos niveles" de asociacionismo y ordenación de la producción "no ayudan" a mejorar la situación de mercado.
En este sentido, destaca que el sector "tiene a su disposición" un conjunto de instrumentos que "permitirían aumentar y reforzar considerablemente el poder de negociación" de los productores de leche frente a la industria.
Por otro lado, el diputado de Ciudadanos Miguel Ángel Garaulet registró una pregunta sobre la elaboración de una nueva Ley Marco de Caza en España a lo que el Mapama ha contestado que la legislación vigente recoge que las comunidades autónomas podrán asumir competencias en caza, entre otras materias relacionadas.
Este hecho ha originado que, en virtud de sus respectivos Estatutos de Autonomía, "casi todas" las regiones hayan aprobado sus propias leyes de caza.
Subraya que el Gobierno "no puede regular" en esta materia, que es de competencia autonómica exclusiva.
Concreta que "únicamente" se puede legislar desde el Ejecutivo central "en aquellos aspectos que, aunque afecten colateralmente a la caza, se basen en otro precepto constitucional en el que la Administración General del Estado tenga competencias".